El encuentro regional puso el foco en el papel territorial de los municipios y las Oficinas Locales de la Niñez, junto con la articulación entre servicios públicos, Gobierno Regional y actores privados para prevenir vulneraciones y mejorar las respuestas destinadas a niños, niñas, adolescentes y sus familias.

CONCEPCIÓN.– Proteger los derechos de niños, niñas y adolescentes antes de que una vulneración termine transformándose en una situación grave constituye uno de los principales desafíos del sistema de protección de la niñez que Chile ha venido implementando durante los últimos años, y una parte fundamental de ese trabajo ocurre en las comunas.

Las Oficinas Locales de la Niñez (OLN) representan precisamente la expresión territorial de este modelo. Establecidas por la Ley 21.430 sobre Garantías y Protección Integral de los Derechos de la Niñez y Adolescencia, tienen entre sus responsabilidades promover derechos, prevenir vulneraciones y desarrollar acciones de protección administrativa de niños, niñas y adolescentes.

En ese contexto adquiere una dimensión mayor el encuentro realizado en Concepción entre los directores y directoras de Desarrollo Comunitario de las 33 comunas de la Región del Biobío, convocado por la Seremi de Desarrollo Social y Familia para coordinar la implementación de las políticas sociales y especialmente aquellas relacionadas con niñez e infancia.

Institucionalidad con responsabilidades diferenciadas

Durante los últimos años, Chile ha modificado profundamente la institucionalidad destinada a la niñez y adolescencia, separando funciones que antiguamente se concentraban bajo el Sename.

El Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia, dependiente del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, trabaja con niños, niñas y adolescentes gravemente amenazados o vulnerados en sus derechos y desarrolla programas que incluyen reparación, fortalecimiento familiar, cuidado alternativo mediante residencias o familias de acogida y adopción.

Los adolescentes y jóvenes sujetos a medidas o sanciones por infracciones a la ley, en cambio, son atendidos por el Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil, dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

En ese sentido, las Oficinas Locales de la Niñez cumplen una función particularmente relevante desde los municipios: actuar territorialmente en promoción, prevención y protección administrativa, articulando además las respuestas que requieren los niños y sus familias.

Los municipios en primera línea

El seremi de Desarrollo Social y Familia del Biobío, Daniel Manchileo Zeballos, destacó precisamente la importancia que adquieren los gobiernos locales dentro de esta estructura.

“Los municipios son el primer eslabón con la comunidad. Trabajar de manera coordinada con los 33 Didecos es fundamental para que los programas sociales, y especialmente los vinculados a niñez e infancia, se implementen con calidad en cada comuna de la región”, señaló.

La coordinación resulta especialmente relevante porque las vulneraciones que afectan a niños y adolescentes pueden tener múltiples dimensiones y requerir respuestas simultáneas de distintas instituciones.

El desafío es conseguir que esa red funcione antes de que los problemas se profundicen, pero también que pueda responder adecuadamente cuando un niño o adolescente requiere protección especializada. En los casos de mayor complejidad, esa respuesta puede involucrar programas especializados, intervención familiar y, cuando corresponde por resolución de los organismos competentes, modalidades de cuidado alternativo residencial o familiar.

Gobierno Regional se suma a la articulación

En esta articulación participa también el Gobierno Regional del Biobío, que acogió el encuentro de los 33 Didecos y se incorporó a la coordinación entre el nivel regional y los municipios.

El gobernador regional, Sergio Giacaman, planteó durante la jornada la necesidad de que las políticas públicas y los recursos respondan a las distintas realidades comunales, particularmente en materias de niñez, adolescencia e inclusión. La instancia incorporó además la colaboración con el sector privado como una vía complementaria para sumar capacidades y apoyar la respuesta social en los territorios.

Garantizar derechos desde el territorio

La Ley 21.430 significó un cambio importante de perspectiva: niños, niñas y adolescentes son reconocidos como sujetos de derechos, mientras el Estado debe generar mecanismos capaces de garantizar su ejercicio y protección.

Por ello, el objetivo final de esta institucionalidad no puede medirse solamente por la existencia de nuevas oficinas, servicios o programas.

Su verdadero resultado estará en la capacidad de detectar oportunamente una vulneración, coordinar las instituciones que deben intervenir y generar condiciones para que niños y adolescentes puedan desarrollarse en ambientes seguros, protectores y afectivamente adecuados.

Mientras mayor sea la coordinación entre municipios, servicios regionales, organismos especializados, educación, salud y las demás instituciones involucradas, mayores serán también las posibilidades de que el sistema de protección deje de reaccionar solamente frente al daño y consiga anticiparse a él.

Redacción El Fuerte Noticias