Un informe encargado por SalmonChile estima que la cadena del salmón sostiene cerca de 338 mil empleos en Chile. Para las comunidades del sur, el debate es cómo convertir ese aporte económico en bienestar duradero y proteger el entorno donde se desarrolla la actividad.

PUERTO MONTT.- La discusión sobre la salmonicultura alcanza a quienes trabajan en plantas de proceso, transportan productos o prestan servicios a sus empresas. Un estudio encargado por SalmonChile estima que la cadena del salmón aporta el 2,6% del Producto Interno Bruto nacional y sostiene 337.670 empleos entre actividades directas e indirectas. Para las comunidades del sur, esas cifras ayudan a dimensionar cuánto depende su economía del sector y plantean una pregunta de futuro: cómo resguardar ese sustento mientras se reduce el impacto sobre el medio ambiente.

Los resultados fueron presentados este 14 de octubre y corresponden a la investigación “Contribución económica de la industria del salmón en Chile”, elaborada por CoMov Consultores con la asesoría del economista Federico Huneeus. Según el comunicado, el aporte estimado al PIB alcanza los US$6.956 millones.

El origen del informe importa para interpretar sus conclusiones: fue solicitado por el gremio salmonero. Sus resultados son estimaciones de un modelo económico y deben leerse considerando los alcances y supuestos de esa metodología.

Empleo más allá del cultivo

De los casi 338 mil puestos vinculados a la actividad, el informe identifica 78.808 empleos directos en cultivo y procesamiento, y 258.862 indirectos. El total incluye trabajo asociado a proveedores, transporte, comercio y servicios; no equivale a personas contratadas directamente por empresas salmoneras.

El estudio estima que por cada empleo directo se sostienen 3,3 puestos adicionales en la economía nacional. Esa relación ayuda a entender por qué los cambios en la actividad pueden repercutir en empresas y familias que trabajan fuera de los centros de cultivo y las plantas.

En Los Lagos, el informe atribuye a la cadena del salmón el 12,6% del PIB regional y 47.279 empleos, equivalentes al 15,2% de los puestos de trabajo. Para Aysén calcula una participación del 21,4% en el PIB y del 19,3% en el empleo; para Magallanes estima un 11,1% y un 11,8%, respectivamente.

El procesamiento, la logística y la demanda de servicios también extienden sus efectos fuera de las zonas de cultivo. Según el informe, el 72% de la contribución estimada al PIB se materializa fuera de las cuatro regiones de origen consideradas en la investigación.

Qué mide el estudio

La metodología simula la economía como una red de 56 provincias y 47 sectores, combinando microdatos del Servicio de Impuestos Internos con encuestas y cuentas nacionales. Compara la economía observada con un escenario hipotético sin el sector acuícola para estimar su contribución, considerando la reasignación laboral y productiva en el largo plazo.

Las cifras expresan el resultado de esa modelación. No permiten afirmar, por sí solas, que todos esos puestos desaparecerían de inmediato si la actividad se redujera, ni reemplazan una evaluación de la calidad del empleo o de los efectos ambientales.

Para las regiones, esta radiografía puede aportar antecedentes al diseño de capacitación, apoyo a proveedores y diversificación productiva. Un peso económico elevado también vuelve relevante preparar a las comunidades para enfrentar cambios en los mercados o en las condiciones de producción.

El desafío ambiental

El aporte económico debe acompañarse de avances verificables en el cuidado del entorno. Reducir el uso de antimicrobianos, prevenir escapes y resguardar las condiciones ambientales de los centros de cultivo son desafíos que requieren seguimiento y transparencia. Sernapesca publica antecedentes sobre uso de fármacos, escapes y condiciones ambientales de la acuicultura, información necesaria para evaluar esa dimensión junto con el empleo y la producción.

Desde una mirada de desarrollo territorial, el objetivo es que la actividad sostenga oportunidades laborales y productivas con impactos ambientales cada vez menores. El estudio presentado por el gremio aporta una parte de esa discusión; una evaluación integral necesita considerar también la protección de los ecosistemas y las condiciones de vida de las comunidades.

Redacción El Fuerte Noticias