El subsecretario de la Niñez, Marcelo Sánchez Ahumada, afirmó que la región requiere actualmente ocho familias de acogida para avanzar hacia esa meta. En entrevista con El Fuerte Noticias, la autoridad abordó además el despliegue de las Oficinas Locales de la Niñez, a las que definió como “la vacuna preventiva frente a las graves vulneraciones de derechos de los niños”, y el compromiso de fortalecer progresivamente el apoyo económico y técnico a las familias de acogida.

VALDIVIA.– En medio de una intensa agenda de trabajo desarrollada recientemente en la Región de Los Ríos, que incluyó reuniones con autoridades regionales y su participación en la Mesa de Articulación Interinstitucional Regional de Niñez, el subsecretario de la Niñez, Marcelo Sánchez Ahumada, se dio tiempo para conversar con El Fuerte Noticias en dependencias de Cecrea Valdivia, en avenida Ecuador.

La conversación se produjo en momentos en que Chile avanza en la implementación de una nueva institucionalidad de protección integral de niños, niñas y adolescentes, proceso desarrollado progresivamente a partir de la Ley de Garantías y que ha significado instalar nuevas estructuras territoriales, fortalecer la coordinación entre los distintos organismos públicos y avanzar desde una mirada principalmente reactiva hacia otra donde la prevención adquiere un papel central.

En ese proceso, Sánchez identifica desafíos que deberían marcar los próximos años: terminar con la institucionalización residencial de niños menores de cuatro años, fortalecer las familias de acogida y completar el despliegue territorial de las Oficinas Locales de la Niñez (OLN).

Los Ríos podría ser la primera región en alcanzar la meta

Uno de los desafíos más inmediatos tiene una expresión concreta en Los Ríos. Actualmente ocho niños menores de cuatro años permanecen en cuidado residencial y requieren una alternativa familiar, situación que abre la posibilidad de que la región se convierta en la primera del país en alcanzar la meta de que ningún niño de ese rango de edad permanezca institucionalizado.

“Es muy probable que ésta sea la primera región que cumpla la meta. Pero lo que necesitamos son primero familias”, afirmó Sánchez.

La autoridad explicó que cuando el actual Gobierno asumió existían más de 700 niños menores de cuatro años en residencias en el país, pese a que la legislación establece restricciones a su institucionalización. El objetivo, sostuvo, es avanzar decididamente hacia modelos familiares de cuidado.

“Ésa es la meta, de todas maneras: desinstitucionalizar a los niños de menos de cuatro años”, enfatizó.

El desafío adquiere particular relevancia en Los Ríos. Hace algunas semanas, Valdivia fue escenario del seminario “El Derecho a Pertenecer”, instancia abordada también por El Fuerte Noticias, que reunió a familias, especialistas e instituciones para reflexionar sobre adopción, acogimiento familiar y, principalmente, sobre el derecho de niños y niñas a crecer en un entorno familiar.

La Araucanía forma parte de un plan piloto

La transformación ya comenzó a probarse en territorios de la macrozona sur. La Araucanía forma parte, junto a Valparaíso y la Región Metropolitana, del Plan Crecer en Familia, iniciativa impulsada por el Gobierno para acelerar la salida de niños menores de cuatro años desde residencias y privilegiar alternativas familiares.

Sánchez explicó que la selección de estos territorios buscó precisamente probar el modelo frente a situaciones de mayor complejidad, para determinar si era posible acelerar los procesos de acogimiento incluso en escenarios particularmente difíciles.

Los resultados obtenidos, aseguró, permiten proyectar la extensión progresiva de la estrategia al resto del país y sostener la meta de avanzar durante 2027 hacia la desinstitucionalización de los niños menores de cuatro años.

El objetivo no responde solamente a una decisión administrativa. Sánchez sostuvo que la evidencia disponible demuestra los efectos negativos que puede producir la institucionalización durante los primeros años de vida, particularmente en los ámbitos cognitivo, emocional y afectivo.

«Las OLN son las vacunas preventivas»

Pero sacar a los niños pequeños de las residencias representa solamente una parte de una transformación más amplia. El otro desafío está en evitar que las vulneraciones lleguen a niveles de gravedad que hagan necesaria la intervención del sistema especializado.

Ahí adquieren un papel central las Oficinas Locales de la Niñez (OLN). Actualmente existen 341 comunas con Oficinas Locales de la Niñez, equivalentes a cerca del 99% de cobertura comunal del país. La expectativa es completar el despliegue territorial pendiente hacia marzo de 2027.

Para Sánchez, esta nueva estructura permite contar por primera vez con una importante capacidad territorial para detectar riesgos, coordinar servicios y actuar preventivamente.

“Las oficinas locales de la niñez son la vacuna preventiva frente a las graves vulneraciones de derechos de los niños”, afirmó.

La comparación no es casual. Según explicó, actualmente las OLN alcanzan aproximadamente a 300 mil o 400 mil niños al año, pero el desafío es aumentar considerablemente esa cobertura.

“Tenemos que llegar por lo menos a dos millones de niños y debiéramos llegar a los más de cuatro millones de niños. Porque para tener efecto realmente preventivo necesitamos escalas grandes”, sostuvo.

De reaccionar a prevenir

Las OLN forman parte de una arquitectura que contempla distintos niveles de coordinación. Existen Mesas de Articulación Interinstitucional Comunales (MAIC), Regionales (MAIR) y una instancia nacional (MAIN), cuyo propósito es detectar brechas y conseguir respuestas concretas desde los distintos organismos del Estado.

Sánchez explicó que una dificultad histórica del sistema chileno ha sido precisamente la fragmentación de los servicios públicos, donde salud, educación, prevención de drogas, protección social y otros organismos disponen de programas que muchas veces no se articulan adecuadamente entre sí.

Las mesas buscan cambiar esa lógica. Si una comuna detecta, por ejemplo, niños que requieren determinadas prestaciones de salud y no encuentra respuesta local, el problema debe escalar al nivel regional y, si tampoco existe allí una solución, llegar al nivel nacional.

“No son para juntarse a tomar café ni comer galletitas. Son para tomar compromisos concretos en el cumplimiento de los derechos de los niños”, sostuvo el subsecretario.

El objetivo es que esos diagnósticos territoriales no queden solamente registrados, sino que terminen incidiendo en la planificación de los servicios, en sus presupuestos exploratorios, en el Programa Público de Inversiones Regionales (PROPIR) y eventualmente en los recursos complementarios que puedan aportar los gobiernos regionales.

Fortalecer a las familias que deciden acoger

El otro componente fundamental es fortalecer las familias de acogida, que reciben temporalmente a niños que, por resolución judicial, deben ser separados de sus familias de origen.

Sánchez reconoció que actualmente el aporte económico que reciben estas familias resulta insuficiente frente a las responsabilidades que supone asumir temporalmente el cuidado de un niño.

Por ello, el Gobierno proyecta incrementar progresivamente los recursos, con el objetivo de acercarse a los $600 mil mensuales que el subsecretario identifica como el estándar recomendado por UNICEF.

“Nosotros este año esperamos duplicar los aportes en la próxima licitación y de ahí en adelante el próximo año crecer ojalá sobre los 400 mil pesos y ya el año 2028 poder estar instalando el estándar UNICEF”, explicó.

El fortalecimiento, sin embargo, no sería solamente económico. La propuesta considera también aumentar el acompañamiento profesional, pasando de las actuales duplas que pueden trabajar con alrededor de 18 familias a equipos de tres profesionales para aproximadamente 12 familias, buscando disponer de capacidad de apoyo permanente frente a situaciones complejas.

“Queremos que una familia, si tiene una necesidad en un momento clave, pueda llamar a su equipo y pueda tener ese soporte”, explicó Sánchez.

El desafío de prevenir situaciones de vulneración

El desafío, finalmente, es hacer efectivo el deber del Estado de garantizar los derechos de los niños, niñas y adolescentes, especialmente cuando se encuentran en situaciones de vulneración. Con la Ley de Garantías y la nueva institucionalidad que se está desplegando en el territorio, Chile comienza a traducir ese compromiso en medidas concretas: Oficinas Locales de la Niñez capaces de trabajar directamente con las familias y las comunidades, mejores estándares de financiamiento para los programas de protección, una respuesta pública más rápida frente a las vulneraciones y el avance hacia la desinstitucionalización de la primera infancia.

En ese proceso, el desafío no consiste solamente en reaccionar cuando un derecho ya ha sido vulnerado. La transformación del sistema apunta también a fortalecer la prevención, detectar tempranamente los factores de riesgo y disponer de una red pública capaz de activar oportunamente las medidas de protección cuando sean necesarias.

Los Ríos tiene hoy la posibilidad de convertir ese cambio institucional en un resultado concreto: conseguir las ocho familias de acogida que permitirían avanzar hacia una región donde ningún niño menor de cuatro años tenga que crecer en una residencia. Una meta acotada en su número, pero profunda en lo que representa: hacer efectivo el derecho de la infancia más vulnerable a crecer protegida y, siempre que sea posible, en un entorno familiar.

Por Marcelo Patroni, director de El Fuerte Noticias